Organizaciones feministas alertan sobre los crímenes de género

Presentarán una queja contra el Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.Colaboración de Norma Espiñeira.

Por acción y omisión, todos tienen algo que ver con estos funestos sucesos que terminan con la vida de una mujer. La Justicia por su lento proceder, los organismos estatales por no realizar la asistencia y seguimiento de los casos y los medios de comunicación, en general, por referirse a estos casos como crímenes pasionales.

El feminicidio es el asesinato de mujeres por razones asociadas a su género, o sea, cuando ser mujer se convierte en un riesgo. En Argentina, el año pasado se registraron 60 homicidios de este tipo; desde 2004 suman 200. En Entre Ríos, desde fines del 2007, se produjeron 11 asesinatos, incluido el último ocurrido en Villaguay. En el 50% de los casos las víctimas pidieron auxilio aunque sea una vez, pero el Estado no estuvo a la altura de las circunstancias.

El Foro por los Derechos de las Mujeres presentará una queja formal ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado argentino para que garantice el derecho a la no violencia de las mujeres que viven en el territorio de la provincia de Entre Ríos. De allí se desprenderán las responsabilidades que le caben al Estado entrerriano atento al sistema federal que rige al país.

La presentación ante CIDH está avalada por lo establecido en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y radicar la violencia contra la mujer realizada en Belem Do Para (Brasil). Allí se estableció, en el artículo 12, que “cualquier persona está habilitada a presentar ante la CIDH peticiones que contengan denuncias o quejas de violación del artículo 7 de la presente comisión por un Estado parte (la República Argentina)”. En el artículo señalado se habla de los deberes del Estado: “ (...)Los Estados condenan todas las formas de violencia y convienen en adoptar, por todo los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia(...)”

En problemas

El Foro por los Derechos de las Mujeres destacó la labor humana de los organismos vinculados a este tipo de problemas, ya sea la Oficina de Asistencia a la Víctima, el equipo interdisciplinario del Ministerio Público de la Defensa o el Consejo del Menor, pero se dejó entrever la falta de políticas concretas de los gobiernos. Entre Ríos cuenta desde 1999 con la Ley de Violencia Nº 9.198. A poco de cumplir una década de su creación esta legislación no ha sido reglamentada, pero está en vigencia, por lo que dichos organismos sostienen que debería rediscutirse.

La ley Nº 9.198 deja a un grupo etario marginado, ya que en su articulado se refiere a grupos convivientes con lo cual deja afuera todas aquellas situaciones de violencia familiar que se producen luego de la separación conyugal o los noviazgos. No reconoce la continuidad de la pareja y, según los especialistas en el tema, es una falla seria, porque ante cualquier hecho hay que ir directamente por vía penal.

Por lo que se estima, sólo el 5% de las denuncias se judicializan y el resto se pierde en el camino, según Silvia Montaño, integrante del Foro. “En Federación, en 2007, detectamos que se perdieron denuncias en las comisarías”, y agregó: “En las seccionales del interior los policías intentan persuadir a las víctimas para que no denuncien”, sentenció Montaño. En ese contexto aseguró que “muchas presentaciones se cajonean”. No obstante, Montaño destacó la forma de trabajar de la comisaría novena de Paraná que comprende la zona oeste. “Ellos (por la novena) trabajan muy bien”, asimismo se dejó en claro que la institución que más esfuerzo hizo en capacitar al personal hizo fue la Policía.

La violencia de género existe en la ciudad o en el campo, pero si ocurre en el interior de la provincia el problema es aún mayúsculo y si el victimario pertenece a una fuerza de seguridad el problema se multiplica. El principal inconveniente es la centralización del sistema en la capital entrerriana. Un ejemplo claro es que en la provincia hay un solo hogar refugio que funciona en Paraná. Teóricamente deben alojarse mujeres y sus hijos menores de 13 años, que están huyendo de sus parejas golpeadoras, y que están en emergencia por correr riesgo sus vidas. Dicho hogar depende del Consejo del Menor.

Fuentes gubernamentales consultadas por UNO indicaron que en la reunión realizada con el ministro de Salud y Acción Social, Ángel Giano, quedó claro la forma deficiente de trabajar que tiene el Programa Provincial de Violencia Familiar que depende del Consejo del Menor, y por la ley Nº 9.198 tiene a su cargo el tratamiento y seguimiento de los casos denunciados. Tanto las dos juezas de familia, Claudia Salomon y María Victoria Solari (que por dicha ley intervienen ante las denuncias de violencia familiar adoptando medidas cautelares), como otros funcionarios, señalaron que la falta de articulación del Consejo del Menor no permite intervenir en los casos eficientemente.

La falta de coordinación y comunicación es uno de los principales inconvenientes entre las reparticiones que intervienen. Un dato claro de la situación revela que “no hay registros cruzados entre los organismos. Cada área trabaja en forma individual”.

Los especialistas en el tema sobre la violencia no aseguran que este problema haya crecido, porque al no haber datos históricos suponen que ahora las mujeres denuncian más que antes. Para conocer algunos datos UNO recurrió a la Justicia donde brindaron cifras estimativas. En 2007 hubo 3.500 causas penales nuevas por violencia, de las cuales 1.200 denuncias se efectuaron en el Departamento Paraná. Aunque se advierte que el número de víctimas es mayor porque se trata de familias.

Los datos actuales también marcan que unas 100 familias por mes recurren a la Justicia. Y aproximadamente uno de cada 10 ancianos denuncia, ya sea violencia de sus hijos hacia ellos o hacia sus nietos.
 
      Fuente: Diario Uno Entre Ríos